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Desafíos en el fortalecimiento de la educación pública.

 

En lo que sigue haré el intento de identificar las principales tensiones y los desafíos más notorios que habrá de enfrentar el proyecto para fortalecer la educación pública en Chile. No lo hago, por supuesto, con el ánimo de obstaculizar o impedir o siquiera inhibir ese fortalecimiento, sino con el propósito de contribuir que se lleve a cabo. A fin de cuentas, este tipo de propósitos no dependen tanto del entusiasmo con que se promueven (eso suele sobrar) como de un sano escepticismo que sirve para ver los impedimentos y , así, removerlos.

 

La primera tensión que ese proyecto habrá de encarar es la coincidencia que, sin más, damos por sentada entre la esfera pública y la esfera estatal. Por motivos que habría que dilucidar, solemos creer que los intereses públicos coinciden con los del estado.

 

Así, a la hora de preguntarnos cómo ha de organizarse un sistema escolar orientado hacia lo público, respondemos como si estuviéramos en la primera mitad del siglo XIX francés: provisión estatal, curriculum centralizado, control jerárquico de los procesos educativos, estatuto público para los profesores y sincronización de las actividades escolares, hasta alcanzar una igual distribución de la misma experiencia cognitiva en todos los partícipes del sistema.

 

Desgraciadamente en nuestro país las cosas son distintas. Chile, la verdad sea dicha, nunca tuvo un sistema escolar con abrumadora mayoría de proveedores estatales y en cambio el nuestro siempre fue un sistema mixto. Ni siquiera la ley de 1920 -a la que suele asociarse a los ideales del estado docente- cambió las cosas, como lo prueba el hecho que incluso décadas después de esa ley la provisión privada alcanzaba casi a un tercio del total. Hoy día, por su parte, más o menos la mitad de quienes proveen educación son de índole privada.

Los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana --como el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicaciones-- están en crisis: de infraestructura y equipamiento en primer lugar pero también en cuanto a su gestión y clima pedagógico. Lo más grave sin embargo es que en ambos casos se evidencia, además, una falla de gobierno. Nadie aparece como responsable de la gestión y sus deficiencias: el director apunta al sostenedor (el Municipio), el Municipio al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación a los directores y el sostenedor.  

Sin autonomía real, estos liceos están condenados a esa zona gris, ambigua, donde la responsabilidades de desplazan de un eslabón al siguiente en la cadena burocrática. En medio de este juego, la figura del director aparece como puramente decorativa; frágil e impotente.

Ninguna organización puede funcionar bien bajo estas condiciones. Si no se resuelve prontamente este problema --v.gr., colegios sin autonomía, directores sin atribuciones, sostenedores sin responsabilidades, ministerio sin funciones claramente definidas-- los liceos (los emblemáticos y los demás; se habla de 300 colegios con "problemas estructurales") continuarán perdiendo prestigios y ahuyentando a las familias y sus alumnos.

Para resolver este nudo se vuelve necesario dotar de autonomía a los liceos y sus directivos. En vez de centralizar e la administración del sistema municipal, trasladando meramente los problemas a otra esfera intermedia o superior, se requiere dar condiciones de gobernabilidad a sus directores, entregándoles facultades efectivas de gestión de sus establecimientos  y personal y haciéndolos responsables del desempeño de sus colegios.

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