La primera tensión que ese proyecto habrá de encarar es la coincidencia que, sin más, damos por sentada entre la esfera pública y la esfera estatal. Por motivos que habría que dilucidar, solemos creer que los intereses públicos coinciden con los del estado.
Así, a la hora de preguntarnos cómo ha de organizarse un sistema escolar orientado hacia lo público, respondemos como si estuviéramos en la primera mitad del siglo XIX francés: provisión estatal, curriculum centralizado, control jerárquico de los procesos educativos, estatuto público para los profesores y sincronización de las actividades escolares, hasta alcanzar una igual distribución de la misma experiencia cognitiva en todos los partícipes del sistema.
Desgraciadamente en nuestro país las cosas son distintas. Chile, la verdad sea dicha, nunca tuvo un sistema escolar con abrumadora mayoría de proveedores estatales y en cambio el nuestro siempre fue un sistema mixto. Ni siquiera la ley de 1920 -a la que suele asociarse a los ideales del estado docente- cambió las cosas, como lo prueba el hecho que incluso décadas después de esa ley la provisión privada alcanzaba casi a un tercio del total. Hoy día, por su parte, más o menos la mitad de quienes proveen educación son de índole privada.
