LGE, LOCE y Chile

Para emitir un juicio evaluativo de un aspecto de la realidad es siempre necesario hacer una comparación. Las comparaciones pueden ser entre una situación en dos momentos distintos de tiempo, entre dos situaciones o entre una situación y un estándar externo.

Al evaluar el eventual rechazo de la LGE en el Senado, es preciso llevar a cabo varias comparaciones para conseguir una visión ecuánime del problema. Una forma de verlo es que de no aprobarse la LGE nos quedamos con la LOCE. Esto urgiría a aprobar la LGE. Otra perspectiva es que de aprobarse la LGE, que no propone alteraciones de fondo a la estructura del sistema escolar, se está perdiendo la oportunidad de cambiar el rumbo de la educación en Chile. En esta visión, es indispensable invertir más tiempo en plantear una transformación profunda del sistema escolar. Un punto de vista adicional es que el marco regulatorio de la educación debiera responder a los intereses del 70% de ciudadanos que consistentemente opinan que las escuelas deberían estar bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. Así, la ley debería evaluarse por cuanto cumple con las expectativas ciudadanas. También se puede pensar que ni la LOCE ni la LGE son importantes para mejorar la equidad en los resultados educativos en Chile. De acuerdo a esta línea de pensamiento, el debate sobre el marco regulatorio de la educación es fútil.

Los resultados de PISA muestran que Chile es el segundo país donde mayor peso tienen las desigualdades sociales en el aprendizaje en el mundo--sólo detrás de Bulgaria. Claramente, el esquema de organización del sistema educativo se encarga de segregar a la sociedad y organizar las oportunidades de aprendizaje en función del origen social de las personas. Es más que plausible pensar que la institucionalidad de la educación debe ser cambiada de fondo, puesto que plantea reglas del juego muy distintas para los establecimientos públicos y para los particulares subvencionados. Si para cambiarla hay que esperar un poco, es mejor que esperar otros cien años a tener una discusión sobre la ley que rige la educación.

Se ha afirmado que la propuesta de la LGE se discutió intensamente. Es cierto, pero el diálogo no fue garantía para generar una propuesta de ley de amplia aceptación. Solamente la Alianza y una parte de la Concertación han apoyado esta iniciativa en el Congreso. Los profesores no la apoyan, los estudiantes tampoco, los ciudadanos quieren que las escuelas vuelvan al Ministerio. Todos ellos intuyen que deberían lograrse cambios más profundos en la educación, para convertirla en un verdadero instrumento de movilidad social para la población más desfavorecida de Chile, es decir, para el 40% de nuestros ciudadanos.