El problema con la discusión generada por la reforma del AFI anunciada por el Gobierno es que ella discurre sin contar con un contexto orgánico que permita contratsar argumentos y propuestas. En efecto:
1. No se conoce cuál es la política de financiamiento de la educación superior que la autoridad desea impulsar.
2. El problema de fondo, la escasa inversión pública en instituciones de educación terciara (equivbalente al 0,3% del PIB), ni siquiera aparece en el horizonte del debate.
3. La medida relativa al AFI --aparentemente sencilla-- sin embargo compromete, en un solo movimiento: a) las reglas de admisión y selección en el acceso a la educación superior; b) el úinico estímulo con que hasta aquí contaba el sistema para ocuparse de la selectividad (y, por ende, indirectamente, de la calidad) de sus ofertas programáticas; c) un efecto de presión (impensado) sobre las notas de la educación media y la competencia entre alumnos de la enseñanza subvencionada por su ubicación en el ranking de su clase.
4. Asimismo, el cambio en las reglas del juego del AFI afectarán principalmente a las universidades selectivas a las cuales, por otro lado, el Gobierno busca favorecer con asignaciones ad hoc (como en la caso de la UCH) o mediante un aumento de recursos para I+D+i. Adicionalmente, se las obliga ahora a competir (desfavorablemente) con sus programas de doctorado frente a los programas extranjeros.
En suma, el enfoque de medidas ad hoc para ir alterando el financiamiento de las instituciones de educación superior tiende a crear un cuadro de reglas e incentivos que resulta contradictorio y que puede desembocar, a su vez, en reacciones ad hoc de estas instituciones, como presión por aumentar aranceles, introducción de procedimientos especiales de admisión y selección, comportamientos erráticos en la definición de sus planes de desarrollo, etc. Todo esto a pocos meses de la aplicación del PSU...
Por el contrario, convendría adoptar un enfoque que distinga claramente entre diversos objetivos --de calidad, equidad, pertinencia, formento y eficiencia-- e instrumentos adecuados para cada uno de ellos, dentro de una política coherente que apunte al desarrollo sustentable de las instituciones y el sistema a mediano y largo plazo.
El camino escogido, en cambio, conduce a una mayor confusión de los agentes.
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