La alicaída educación técnico profesional sufrió un nuevo golpe hace un algunos días al conocerse un Informe de la Contraloría General de la República y del Mineduc que tras una rigurosa auditoría determinaron que los dineros destinados con fines educacionales a un conjunto de establecimientos eran utilizados para otros fines. En tal situación se vio involucrada la Corporación Privada de Desarrollo, CORPRIDE que, desde 1980 mantenía la administración delegada de diez liceos a lo largo del país, de los cuales tres se ubican en Chillán. Como consecuencia de ello se resolvió poner fin al convenio con CORPRIDE. Sin duda, se trata de un nuevo episodio de lucro, así como muchos otros que se han ido ventilando en las últimas décadas. ¿Hasta cuando seguiremos presenciando todas estas irregularidades?
Se sabe que ya hay una veintena de instituciones que buscan conquistar la administración de los diez establecimientos técnico profesionales y que para ellas hay exigencias superiores a las que han existido en oportunidades anteriores, entre ellas, solvencia económica, giro único de Educación y la capacidad de mostrar propuestas de proyectos educativos de gran calidad. Pero cabe preguntarse si estas mayores exigencias que se pretende imponer al sostenedor que se haga cargo de los establecimientos garantizarán efectivamente que los recursos se gastarán correctamente y conforme a su asignación. Si no hay ningún tipo de control desde el Mineduc pueden continuar los vicios evidenciados por el sistema de administración vía corporaciones.
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