Este es un momento expectante para la definición de la agenda de reformas a la educación.
En efecto, ayer el Gobierno anunció un "retiro" de los ministros del comité político de La Moneda, con el objeto de definir las prioridades legistativas gubernamental para el tiempo que resta a la actual administración.
Tal definición es particularmente necesaria en el área educacional.
Como comenté hace unas semanas, la ageda legislativa para nuestro sector se halla sobre-saturada y, en el caso de la tramitación de la LEGE, entramapada en un itinerario que a ratos no parece conducir a ninguna parte.
De modo tal que cabe esperar ahora una clara orientación gubernamental por medio de la definición de sus prioridades para el sector educacional.
Lo razonable sería esperar que el Gobierno juege sus cartas para obtener, al menos, la aprobación del proyecto LEGE que cuenta tras de sí con un amplio acuerdo político patrocinado por la Presidente de la República y ha sido aprobado por la Cámara de Diputados con una fuerte mayoría.
Sin embargo, junto con anunciarse el "retiro" ministerial, el vocero del Gobierno mencionó --una vez más-- el próximo envío del proyecto que buscaría modificar la administración de las escuelas municipales.
Si éste fuera a convertirse en la prioridad número uno del Gobierno --bajo el manido argumento de que es una iniciativa que identifica a la Concertación, produce contrastes con la Oposición y provoca réditos electorales de cara a la próxima elección presidencial-- lo probable es que entremos a un callejón sin salida. Donde, por cierto, no se aprueba este proyecto (el de reorganización de la gestión municipal) sino, además, se viene abajo el resto de la agenda, partiendo por la LEGE que, a ojos de la Oposición, aparecería ahora sustentado por un Acuerdo firmado con una mano que la otra borra a través de un proyecto "desmunicipalizador" y de "reforzamiento" de la enseñanza pública ajeno a los principios que inspiraron el pacto educacional suscrito con fanfarrias en la Moneda.
Sería lamentable que así ocurriera. Se habrían perdido cuatro años de esfuerzo para modificar la institucionalidad educativa del país y se echaría por la borda la mejor oportunidad creada después de 1990 para sustituir la LOCE.
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