¿El fin del alcalde educacional?

En 1981, año en que se descentralizó la educación pública, el 78% de los estudiantes asistían a las escuelas municipales, 14% asistía a colegios particulares subvencionados y otro 8% asistía a particulares pagados; hoy la matrícula municipal representa solo el 45% de la matrícula total.   Esta drástica caída, se debe en gran parte al abandono de la clase media, quienes perciben, correctamente o incorrectamente, que la educación particular es de mejor calidad.            

En un sistema educacional mixto, como el chileno, es fundamental contar con una educación pública de calidad para enriquecer la diversidad de la oferta educacional que tienen las familias de todos los sectores para escoger.  Con este objetivo en mente, la Presidenta envió al Congreso esta semana un proyecto de ley para el fortalecimiento de la educación pública.  La iniciativa legislativa tiene algunos aspectos positivos y otros discutibles.

El aspecto más positivo propone crear una institucionalidad (corporaciones públicas de objeto único educacional) que permitiría mejorar la calidad de los equipos técnicos y pedagógicos que gestionan la educación pública y aislar las decisiones técnicas de la política.   Actualmente las leyes laborales hacen difícil atraer a profesionales de buen nivel técnico a los municipios y los alcaldes utilizan un criterio más político que técnico para seleccionar al director de educación (DAEM).   El proyecto propone que cada corporación pública cuente con un Director Ejecutivo seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública.

Mientras la nueva estructura de la educación pública es un avance para mejorar la capacidad técnica de la administración educativa local, es un retroceso en términos de establecer la responsabilidad sobre la calidad de la educación (accountability).  Actualmente, la responsabilidad política está claramente definida: el alcalde está formalmente a cargo de la educación pública.   Si los residentes de una comuna no están conformes con la gestión de la educación municipal,  pueden usar su voto para remover al alcalde en la siguiente elección.  Mientras no existan estudios en Chile sobre este tema, la evidencia internacional sugiere que los alcaldes que asumen la responsabilidad por la educación de su ciudad sienten una presión política y tienen mayor disciplina organizacional para mejorar la gestión educacional.

La iniciativa legislativa del gobierno propone disminuir el rol del alcalde en la toma de decisiones educacionales.  Las corporaciones contarán con un Consejo Directivo, compuesto por el(los) alcalde(s), un número de concejales y dos representantes elegidos por el Mineduc.    Este Consejo tendrá como atribuciones principales nombrar y remover al Director Ejecutivo y aprobar el plan de trabajo y presupuesto anual de la Corporación.   En esta estructura, con varias personas en el Consejo y que, en muchos casos, significará un crecimiento territorial de la educación, los alcaldes no van a sentir presión política para preocuparse de la calidad de la educación pública de su comuna, pues la responsabilidad del fracaso se diluye entre los miembros del Consejo, y los esfuerzos propios para lograr resultados exitosos pueden ser apropiados por el resto.

Entonces, si se quiere fortalecer la educación pública, debemos entregar mas recursos y mejores equipos técnicos a quien pueda responder por su administración, transparentando la responsabilidad política de los alcaldes frente a los padres, estudiantes, docentes y ciudadanos.