Las universidades estatales y el concepto de lo público.

El primero de esos conceptos -el más sencillo y fácil- proviene de la economía neoclásica.

 

Si nos ahorramos un conjunto de precisiones que no vienen al caso, me parece que podemos convenir que la expresión bien público alude, desde el punto de vista económico, a un bien que produce beneficios indiscriminados, beneficios que se difuminan entre un amplio conjunto de personas, sea que esas personas hayan o no pagado los costos de producirlos. Como este tipo de bienes benefician a todos (a quienes pagan por su producción y a quienes no) suelen plantear, como sabemos, un problema de free rider: cada uno aspira a tomar los beneficios de esos bienes eludiendo los costos que son imprescindibles  para que esos bienes existan. El resultado -suele arguirse- es que si dejamos a los bienes públicos en manos de la iniciativa meramente privada su producción estará necesariamente por debajo de la que es socialmente necesaria.

 

Como ustedes saben, la información científica, el alza en el nivel general de conocimiento, es decir el tipo de cosas que las universidades producen,  son bienes de este tipo, es decir bienes cuyos beneficios alcanzan indiscriminadamente a toda la población.

 

Dicho eso, lo que cabe ahora preguntarse es si acaso de lo anterior se sigue una razón para tratar de manera diferenciada a las universidades estatales o si,en cambio, no se sigue ninguna.

 

No parece existir ninguna vinculación necesaria entre esta dimensión de lo público y las universidades estatales. La razón es bastante obvia y creo que no habrá dificultades en que podamos compatirla: todas las universidades pueden, en principio, producir en alguna medida bienes públicos y por lo mismo pueden aspirar al financiamiento estatal en la proporción en que lo hagan. Una universidad estatal tiene derecho a que el estado le financie la producción de bienes públicos; pero ese derecho lo tiene en razón de los bienes públicos que produce, no en razón de ser estatal. Esto es, dicho sea de paso, lo que ocurre con la asignación de fondos para la investigación científica disciplinaria:  ellos se distribuyen en atención a la capacidad de producir bienes, no atendiendo a la índole de quién los produce.  Para decirlo en la jerga habitual de las políticas públicas, este tipo de financiamiento es por resultados y en base a criterios competitivos.

 

En suma, si bien existen poderosas razones para que el estado financie la producción de bienes públicos; esa no es una razón que milite sólo a favor de las instituciones estatales. Este asunto es tan obvio que creo que podemos dejarlo aquí.

 

Despejado lo anterior, me parece que estamos ahora en condiciones de preguntarnos qué otro sentido conceptual cabe asignar a lo público.

 

Si, como vimos, desde el punto de vista económico lo público alude a un cierto tipo de bienes, desde el punto de vista que voy a examinar brevemente ahora, lo público alude a una cierta esfera de la cultura o de la racionalidad humana ¿En qué consiste en este caso lo público y qué relación, si es que alguna, guarda con las instituciones estatales? Esa es la pregunta que corresponde que ahora intentemos responder.

 

El concepto de lo público al que ahora me referiré es posible encontrarlo en buena parte de la literatura; pero debe su éxito en especial a los trabajos de Habermas.

 

Habermas, como ustedes recuerdan, sostiene que el capitalismo del siglo XVI no sólo contribuyó a cambiar la forma de organizar y distribuir el poder político (nada menos que el surgimiento de lo que hasta hoy día llamamos Estado) sino que además dio orígen al surgimiento de un especial ámbito de sociabilidad que, hasta ese momento, no había logrado expandirse: la esfera pública. Hasta entonces sólo existía, por decirlo así, el ámbito de la autoridad (el conjunto de organismos y procedimientos mediante los que se administra el uso de la fuerza) y el ámbito de las relaciones privadas (que incluía las relaciones íntimas y las relaciones mercantiles). Entre ambas esferas surgió, dice Habermas, un ámbito de diálogo y de análisis racional en que los sujetos se reunían para discutir la mejor forma de organizar la vida en común. Esta esfera pública no era parte ni del Estado, ni del mercado, sino un ámbito en el que se ejercitaba eso que Kant llamó, a fines del XVIII, uso público de la razón.

 

La esfera pública designada por ese concepto -que  con matices se encuentra también en otros autores como Hanna Arendt- es, sobra decirlo, independiente del estado. Se trata, en cambio, de un ámbito que se constituye al margen y por oposición al estado,  de manera que, puede afirmarse, tampoco existe ninguna relación necesaria entre lo público así concebido y las universidades estatales. Después de todo, esa forma de racionalidad que Habermas creyó detectar a partir del siglo XVII se desarrolló en los cafés, en la prensa, en los salones intelectuales y en las comunidades académicas; pero sin restringirse a la índole estatal de ninguna de ellas.

 

Así entonces no parece existir tampoco ninguna vinculación necesaria entre la esfera pública, entendida como una dimensión dialogal de la racionalidad, y la índole estatal o no de las instituciones. Es probable, por ejemplo, que la esfera pública chilena a contar de fines del diecinueve le deba tanto a los intelectuales de la Universidad de Chile como a la intelectualidad conservadora de la Universidad Católica y así también durante buena parte del siglo XX.

 

La conclusión que sugiero entonces es que, bajo este respecto, tampoco parece haber una vinculación necesaria entre lo público así concebido y lo estatal.

 

Si lo anterior es así ¿de dónde proviene entonces esa tendencia, fuertemente instalada en nuestra cultura, conforme a lo cual existen un vínculo privilegiado entre lo público y lo estatal?

 

Esa tendencia, según espero mostrar en lo que sigue, proviene de un tercer significado de lo público.

 

Este significado de lo público surge a la sombra de la universidad moderna y en este caso lo público alude a la tarea emancipadora que se atribuye a las universidades en el proyecto de estado nacional.

 

Como todos ustedes saben, la universidad moderna (cuyos paradigmas son la universidad humboltiana, o de la ciencia, y la universidad napooleónica, o profesionalizante, ambas con poco más de doscientos años) se caracteriza por estar vinculada al proyecto emancipatorio e ilustrado del estado nacional. La universidad moderna cultiva el saber y las condiciones de su posibilidad con miras a constituir un sujeto, la nación, que gracias al saber y la ilustración logra emanciparse y autogobernarse en la historia. Esta narrativa de la Universidad Moderna -que puede encontrarse en el opúsculo El conflicto de las facultades de Kant o en el discurso con que Humbolt instaló la Universidad de Berlin- es el que ha permitido establecer fuertes vínculos entre la universidad y el estado en la medida que este último ve en las universidades la posibilidad de crear y expandir un público leal a sus instituciones.

 

En esa visión que subyace a la Universidad moderna -donde el saber se pone al servicio de la emancipación del sujeto nacional-- la universidad estatal adquiere un especial significado, en la medida que ella es la única capaz de trascender la particularidad de grupos o intereses parciales y expresar, en cambio, la universalidad del proyecto nacional. Un conjunto de funciones asociadas a la construcción de ese proyecto emacipatorio, por llamarlo así, se asocian entonces a la institución estatal: allí donde otras instituciones expresan intereses parciales o promueven formas de vida particulares, la universidad estatal contribuye a homogeneizar la cultura y a configurar la nación; allí donde las clases y los grupos aspiran a reproducirse en una cadena simplemente endogámica y hereditaria, la universidad estatal aspira a hacer más diversas las élites; allí donde otras instituciones anhelan expresar puntos de vista particulares, las universidades estatales se dan a la tarea de crear un ámbito en el que todos esos puntos de vista puedan expresarse y debatir entre sí.

 

Pues bien, lo que cabe preguntarse ahora es si acaso ese modelo de lo público -estrechamente vinculado, como acabo de decir, a la universidad moderna- puede reivindicarse hoy día por las universidades estatales para, a partir de él reclamar del estado un trato preferente.

 

Desde luego, todos sabemos que hay serias dificultades para que ese modelo posea hoy plena vigencia social y quizá allí esté el origen de la actual situación de las universidades estatales.

 

Y es que allí donde la universidad moderna aspira a la homogeneidad bajo la forma de nación, las sociedades contemporáneas anhelan expresar la diversidad de formas de vida que en ella coexisten; allí donde la universidad moderna presume de cultivar el saber, las sociedades contemporáneas declaran que ese saber se fragmenta en múltiples juegos de lenguaje; en fin, allí donde la universidad moderna aspira a ser depositaria de la ciencia, las sociedades contemporáneas prefieren y confían en el management y en las public policy. En suma, las tribulaciones de las universidades estatales -aquí y poco a poco en la experiencia comparada- son expresión, en alguna medida, de la crisis del relato que ha legitimado en los últimos doscientos años a la universidad moderna.

 

¿Significa lo anterior que la universidad estatal no puede hoy día reclamar ningún vínculo específico con lo público y que en cambio debe resignarse a ser tratada en condiciones de igualdad con los innumerables proyectos privados que hoy día proliferan?

 

No lo creo. Pienso que existen otro tipo de razones, distintas a las que acabamos de revisar, que permiten reclamar para las instituciones del estado un trato preferente o especial.

 

Esas razones no provienen de un análisis puramente conceptual como el que hemos realizado hasta aquí, sino que tienen su origen en una constatación empírica y hasta cierto punto política.

 

En un sistema de educación superior como el chileno, donde la creación de universidades está al alcance de la iniciativa privada, se arriesga el peligro que el ámbito de la educación superior resulte anegado por proyectos institucionales que expresen puntos de vista parciales o formas de vida de las varias que están en competencia, y que así poco a poco la fisonomía del conjunto de la educación superior se asemeje a la suma o simple yuxtaposición de proyectos particulares sin que exista ninguno que aspire a expresar la totalidad.  En un mundo como ese, el sistema escolar y el universitario acabarían siendo la prolongación de la familia y de sus creencias, un mecanismo puramente endogámico en el que no habría lugar para la diversificación de las élites que es imprescindible, me parece a mí, para la democracia.

 

Pues bien, para evitar lo anterior es imprescindible que el estado cuente con un puñado de instituciones capaces de expresar la pluralidad social y trascender los puntos de vista meramente particulares y aquí hay entonces, según creo, una buena razón para que el estado trate preferentemente a un puñado de sus instituciones.

 

Lo anterior exige, sin embargo, severas transformaciones en el sistema de universidades estatales . En especial exigiría que esas instituciones estén gobernadas por el estado y no capturadas por sus corporaciones académicas, como, desgraciadamente, ocurre en muchas de ellas; que las mejores cuenten con sistemas de acción afirmativa o de discriminación positiva a la hora de seleccionar a sus estudiantes, en vez de, como ocurre hoy, reclutarlos mediante escalas ordinales de rendimiento que, sabemos, expresan diferencias socioeconómicas; que abandonen la presunción meritocrática, es decir, que se vuelvan más conscientes de los mecanismos mediante los cuales se distribuye el conocimiento y el poder (y eviten así algunas de ellas transformarse, por el mecanismo de selección usado, en las más selectivas socialmente de todas);  y que, en fin, se resignen a que no todas las que actualmente existen, y ni siquiera la mayoría de ellas, merecen ese trato preferente en un sistema bien equilibrado.

 

Como ustedes ven, las razones en pro de un trato preferente de las universidades estatales no provienen del hecho que ellas posean un vínculo privilegiado con lo público (puesto que hemos visto que ese vínculo en verdad no existe) sino que derivan de la actual situación del sistema de educación superior que, así como van las cosas, arriesga, como dije, en el largo plazo, el serio peligro de transformarse en un mecanismo puramente endogámico y expresivo de intereses particulares.