Universidades cota mil

Por Carlos Peña (El Mercurio, Domingo 18 de Enero del 2008)

La expresión  "universidades cota mil" (la acuñó Felipe Berríos en una columna que sacó roncha) es desafortunada: así como no es correcto juzgar una opinión por las características personales de quien la emite; tampoco es correcto evaluar una práctica educativa por el lugar geográfico donde se sitúa quien la imparte.

Pero desafortunada y todo, permite plantear un debate de interés.

Y de paso derribar algunos prejuicios.

Desde luego, la universidad socialmente más selectiva, en términos absolutos, no es una de la cota mil sino la Pontificia Universidad Católica (alrededor del 67% de su matrícula provino de colegios pagados). Y si bien la Universidad de Chile es más diversa (el mismo indicador alcanza aquí al 37%) es probable que en sus carreras de puntajes altos esa cifra aumente considerablemente. Y ello es consecuencia de condiciones objetivas. Como el rendimiento en la PSU está correlacionado con el origen socioeconómico de los estudiantes, al concentrar los mejores puntajes esas universidades concentran también a los socialmente más aventajados. Por la inversa, en algunas de las universidades con puntajes más bajos, menos del 5% de sus alumnos provienen de colegios pagados.

Es cierto: nuestro sistema universitario (especialmente en la cúspide) es endogámico, agrupa a los estudiantes por origen y tiende a reproducir las élites.

Lo que cabe preguntarse es si las universidades deben hacer esfuerzos por diversificar nuestras élites o , en cambio,  contentarse con reclutar sin más a eso que Bourdieu llamaba herederos, o sea, a los depositarios de mayor capital cultural y social previo.

Parece obvio que las instituciones universitarias deben esforzarse por hacer más plurales las élites y evitar la endogamia. A fin de cuentas, las sociedades democráticas aspiran a repartir recursos y posiciones en base al esfuerzo (o mérito) y no en base a cualidades involuntarias (como el origen social).

Pero ello no puede exigirse a todas. 

Las universidades privadas que no reciben fondos públicos (salvo los debidos al desempeño) tienen derecho a llevar adelante proyectos que expresen las preferencias religiosas, o sociales, de quienes las erigen. Si una universidad privada piensa que formará mejor a sus alumnos en medio de la homogeneidad social, manteniendo inalterables sus grupos de referencia, tiene el derecho de hacerlo. Después de todo, en una sociedad abierta las personas tienen derecho a elegir y hacer cosas que uno considera malas (como concentrar alumnos de alto capital social los que, así, cursan el ciclo de ¡diecisiete años de educación! sin modificar su experiencia social).

La situación es distinta tratándose de universidades, privadas o públicas, que reciben aportes fiscales sin consideración al desempeño.

Este tipo de universidades están obligadas a promover no sólo los valores de quienes las erigieron sino también los valores que interesan a la sociedad en su conjunto.

Y entre ellos se cuenta el de hacer más plurales nuestras élites.

Para servir ese objetivo, las más selectivas de esas universidades debieran cambiar la forma en que asignan sus cupos. La alta correlación entre el rendimiento en la PSU y el origen socioeconómico de los alumnos, transforma a la prueba en un mecanismo de reproducción. Por eso sería mejor combinarla con otros criterios que permitieran el acceso de personas con alta propensión al logro (pero de menor rendimiento relativo en esas pruebas).

Sería todo un ejemplo para las demás.

Ayudaría a que los cupos más valiosos (esos que aseguran una posición de preeminencia en la escala invisible del prestigio y del poder) se distribuyeran con mayor diversidad social.

Pero esa no es la única medida que podría adoptarse. Todavía el estado debería hacer algunos esfuerzos.

El más obvio es el de igualar las condiciones de financiamiento estudiantil. Hoy los alumnos cuentan con mejores condiciones de financiamiento para ingresar a una universidad del Consejo de Rectores (entre las cuales las hay estatales y privadas, nuevas y antiguas, de más y de menos calidad) que a una creada con posterioridad a 1981 (entre las que se cuentan las de la cota mil y otras que atienden a estudiantes de bajo capital social y cultural). En otras palabras, el estado incentiva (sin ninguna justificación) que los estudiantes de menores recursos ingresen a un tipo de instituciones (las del Consejo de Rectores) y no a otras (las creadas luego de 1981).

Si. Es cierto lo que observaba Berríos: el sistema universitario es endogámico y algunas de sus instituciones son socialmente selectivas y eso le hace mal a nuestra convivencia; pero ese es un defecto de universidades privadas y de universidades públicas, de universidades que están dentro del Consejo de Rectores y de otras que están fuera de él.

Y ni unas ni otras -y ni siquiera el estado- parecen estar dispuestas a hacer nada para corregirlo.