February 2009 Archives

Desde la década del 60 las universidades tradicionales (públicas y privadas) han recibido financiamiento público directo del Estado. Posteriormente, con la reforma estructural del 80 junto con implementarse el régimen de autofinanciamiento y los mecanismos de control y rendición de cuentas (accountability) que contribuyeron a la consolidación de la privatización del sistema, las universidades tradicionales (particularmente las estatales) se vieron severamente afectadas en materia de financiamiento. Lo anterior dado que se pasó de tener una estructura de ingresos sustentada fundamentalmente en el financiamiento directo del Estado (alrededor del 75%) a una estructura de ingresos que se conformó de la siguiente manera: 25% proveniente del aporte fiscal directo (AFD) y el restante 75% generado a partir del cobro de aranceles y matrícula, venta de servicios, y donaciones. Dicha estructura se ha mantenido constante hasta el día de hoy con algunos matices dependiendo de la universidad.

Esta modificación en el régimen de financiamiento ha generado una serie de complicaciones a las instituciones estatales (actualmente 16 de las 25 universidades del CRUCH) que en algunos casos las han llevado a un endeudamiento insostenible y, como consecuencia de ello, a la venta de pasivos, a la creación de nuevas sedes en lugares recónditos e impensables muchas veces o bien a la generación de ofertas académicas que se alejan del sello o perfil que las caracterizó al momento de su creación.

En virtud de lo anterior me pregunto: ¿Por qué el Estado sigue financiando a las universidades privadas del CRUCH vía AFD? ¿Existe algún argumento serio que haga sustentable continuar financiando dicho tipo de universidades bajo esa modalidad? ¿Es legítimo que tanto las universidades públicas como las privadas reciban financiamiento directo del Estado?

No es posible continuar como país con una política pública de financiamiento ambigua que en lugar de contribuir a fortalecer el sistema universitario estatal no hace más que prolongar su debilitamiento y agonía.

El trato que han de tener las universidades tradicionales públicas y privadas por parte del Estado ciertamente debe ser distinto y acorde a las características que esas instituciones reúnen.

Sabido es que las presiones de los poderes fácticos, de la iglesia católica, la masonería y otros grupos de interés ha sido incontrarrestables en las últimas cinco décadas y a ello obedece ciertamente el actual esquema de financiamiento. No obstante, es tiempo de revisar y reformar la política pública vigente si efectivamente se desea mejorar la gestión y accionar de nuestras universidades estatales.

Columna de opinión publicada hoy en el diaro La Tercera, que vuelve sobre los temas del financiamiento de la educación  superior, en particular de las universidades estatales, en el contexto de la polémica sostenida dentro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y sobre universidades "cota mil". 

"Nuevo trato" en educación superior
José Joaquín Brunner, Director Centro de Políticas Comparadas.
La Tercera, feb. 13 , 2009

El "nuevo trato" que algunas universidades estatales reclaman del gobierno, y al cual se refiere críticamente un editorial de La Tercera, es, a no dudar, una mala idea de política pública. En vez de hacerse cargo de las dificultades del financiamiento de la educación superior en su conjunto, se limita a reivindicar un mayor aporte para una categoría de universidades sin más fundamento que el hecho de ser estatales. Más aún, se propone que dicho incremento presupuestal sea asegurado por ley, es decir, sin vinculación con el mejor o peor desempeño de las instituciones favorecidas con este subsidio. No es este el enfoque más conveniente en un sistema de provisión mixta como el nuestro.

Por lo pronto, la principal cuestión no es cómo incrementar el subsidio a una de sus partes, sino cómo asegurar la sustentabilidad económica del sistema como un todo a mediano plazo. ¿Y cuál es, en concreto, el mayor problema de sustentabilidad del sistema en el mediano plazo? Su alta y desproporcionada dependencia del financiamiento de los hogares (familias y los propios estudiantes) y, enseguida, la exigua contribución del Estado que, medida como porcentaje del PIB, ha alcanzado su punto más bajo de los últimos 60 años. Este desbalance tenderá a agravarse ahora por la crisis que amenaza a la economía doméstica chilena y, a mediano plazo, porque la mayoría de los nuevos estudiantes provendrá, en el futuro, de hogares pertenecientes al 40% de menores ingresos, los cuales deberán contar con apoyo público para realizar sus estudios superiores.

Por tanto, la solución parece evidente: el Estado necesita aumentar su contribución a la educación superior. Primero que todo, ampliando los recursos destinados a financiar créditos y becas para los alumnos de menores recursos, independientemente del tipo de universidades en que ellos se inscriban, a condición de que éstas se hallen acreditadas.

A continuación, el Estado debe invertir más en el desarrollo de capacidades institucionales y de investigación científica y tecnológica a través de fondos concursables abiertos a todas las universidades acreditadas, y no sólo para aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores. Lo importante es que estos recursos se asignen según la calidad y relevancia de los proyectos y la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos solicitados.

En tercer lugar, el Estado debería financiar competitivamente ciertos programas de formación de capital humano avanzado en áreas o líneas prioritarias para el desarrollo del país. Por ejemplo, las vinculadas a los clusters con mayor potencial de innovación, donde las universidades acreditadas participarían sin discriminación de ninguna especie y obtendrían los recursos en el mérito de las condiciones más ventajosas de sus propuestas.

Por último, todas las instituciones acreditadas deberían poder optar a un financiamiento de tipo institucional, del estilo del actual aporte fiscal directo. Pero debe ser mediante un contrato de desempeño que fije los objetivos y metas que dichos recursos contribuirían a financiar y los indicadores a ser utilizados para medir su cumplimiento.

En la implementación de una política como la aquí esbozada, el gobierno necesitaría proceder con rigor, vinculando el incremento de la financiación pública a las universidades con la estricta observancia por parte de éstas de un estatuto de obligaciones de informar, a una rendición de cuentas clara y transparente y a un mejoramiento en la eficiencia de la utilización de dichos recursos.

Esta política sí podría dar lugar a un nuevo trato de la educación superior.

El Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales da a conocer hoy en el diario El Mercurio el estudio Tipología y Características de las Universidades Chilenas.

Ver Estudio completo aquí 790 KB

Ver a continuación reportaje de El Mercurio.

Una periodista me propone la siguientes interrogantes: ¿Cuánto cree usted que afectará la crisis económica a las universidades? ¿Qué áreas se verán más afectadas? ¿Cuáles estrategias utilizarán las universidades?

Mi respuesta:

Pienso que igual como en otras partes del mundo, también en Chile las universidades se verán afectadas por la crisis de diferentes maneras.

Por lo pronto, en una proporción que es difícil de estimar, aumentará la dificultad de los estudiantes y sus familias para pagar oportunamente los aranceles. Es probable que aumente la morosidad en el pago de créditos estudiantiles, especialmente si aumenta el desempleo juvenil, como probablemente ocurrirá.

Las universidades verán caer tambiéen sus ingresos por la vía de donaciones y de contratos con el sector privado. Tendrán que ser más austeras en el gasto interno y tendrán dificultades para salir al mercado a contratar agresivamente nuevos académicos o para incrementar salarios y distribuir incentivos.

Los recursos entregados por el Estado para investigación e innovación, si bien ya están previstos en el Presupuesto de la Nación, podrán experimentar atrasos en su ejecución, afectando con ello el flujo de ingresos de las instituciones. Estas, por su lado, al igual que otras empresas medianas y pequeñas, enfrentarán mayores dificultades para buscar recursos en el mercado financiero.

En suma, las universidades seguirán la suerte de la economía del país y de su caída en los niveles de actividad y de generación de empleo y nuevos recursos. Es inevitable que así sea.

Un diario de la ciudad me pide opinar sobre qué ocurrirá en  nuestro sistema de educación superior cuando más adelante se haga sentir la disminución del grupo en edad típica de cursar estudios terciarios.

El grupo de edad de 20 a 24 años continuará expandiéndose hasta el año 2015, momento en que alcanzará una cifra de alrededor de 1,5 millón, o sea, el 8% de la población total según las proyecciones del INE. A partir de ese momento empezará a disminuir y durante la década 2015 a 2025 perderá unas 250 mil personas en términos absolutos, pasando a representar solamente el 6% de la población. Esta última cifra se mantendrá luego --en alrededor de 1 millón 250 mil-- hasta el año 2045.

Lo primero que cabe observar, entonces, es que mientras los niños y adolescentes en edad escolar (entre 4 y 19 años) están disminuyendo ya desde el año 2005, y de representar el 26% de la población el primero de estos años pasarán a representar el 21% en 2015 y llegarán al 17% en 2045, en cambio los jóvenes en la edad típica de cursar estudios superiores (20 a 24 años) por el momento crecen y con posterioridad a 2015 empezarán disminuirán  significativamente.

Lo anterior no debiera constituir una amenaza para las instituciones de educación superior sin embargo. En efecto, a mediano y largo plazo la población que demandará educación superior provendrá crecientemente de los grupos de edad mayores de 25 años, que en Chile representaban el 58% de la población en 2005 y continuarán creciendo hasta alcanzar 63% en 2015, 68% en 2025 y 71% en 2045. A medida que la población envejece, y que se incrementa la velocidad con que cambian los conocimientos y la información y el mercado laboral se vuelve más inestable, las personas adultas (25 años y más) requieren seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Así lo muestra la experiencia de los países desarrollados.

Varias universidades, entre ellas la UDP, se preparan desde ya para hacer frente a estos cambios demográficos y poder absorber las nuevas demandas que ellos generarán. Por ejemplo, revisan sus mallas curriculares y la duración de las carreras; crean jornadas de estudio más flexibles para personas que trabajan; amplían y diversifican su oferta de programas de posgrado y postitulación;  desarrollan esquemas de créditos de aprendizaje transferibles para aumentar las posibilidades de que personas maduras puedan trazar sus propios itinerarios formativos;  inventan nuevas maneras de certificar competencias y perfeccionarlas;  exploran modalidades de enseñanza basadas en la red que se multiplicarán durante las próximas décadas, etc.

En suma,  las universidades dejan de concebirse nada más que como una educación terciaria (a continuación de la secundaria y la primaria) y se convierten en instituciones multi-edades, con creciente foco en las necesidades de las personas mayores de 25 años.