Desde la década del 60 las universidades tradicionales (públicas y privadas) han recibido financiamiento público directo del Estado. Posteriormente, con la reforma estructural del 80 junto con implementarse el régimen de autofinanciamiento y los mecanismos de control y rendición de cuentas (accountability) que contribuyeron a la consolidación de la privatización del sistema, las universidades tradicionales (particularmente las estatales) se vieron severamente afectadas en materia de financiamiento. Lo anterior dado que se pasó de tener una estructura de ingresos sustentada fundamentalmente en el financiamiento directo del Estado (alrededor del 75%) a una estructura de ingresos que se conformó de la siguiente manera: 25% proveniente del aporte fiscal directo (AFD) y el restante 75% generado a partir del cobro de aranceles y matrícula, venta de servicios, y donaciones. Dicha estructura se ha mantenido constante hasta el día de hoy con algunos matices dependiendo de la universidad.
Esta modificación en el régimen de financiamiento ha generado una serie de complicaciones a las instituciones estatales (actualmente 16 de las 25 universidades del CRUCH) que en algunos casos las han llevado a un endeudamiento insostenible y, como consecuencia de ello, a la venta de pasivos, a la creación de nuevas sedes en lugares recónditos e impensables muchas veces o bien a la generación de ofertas académicas que se alejan del sello o perfil que las caracterizó al momento de su creación.
En virtud de lo anterior me pregunto: ¿Por qué el Estado sigue financiando a las universidades privadas del CRUCH vía AFD? ¿Existe algún argumento serio que haga sustentable continuar financiando dicho tipo de universidades bajo esa modalidad? ¿Es legítimo que tanto las universidades públicas como las privadas reciban financiamiento directo del Estado?
No es posible continuar como país con una política pública de financiamiento ambigua que en lugar de contribuir a fortalecer el sistema universitario estatal no hace más que prolongar su debilitamiento y agonía.
El trato que han de tener las universidades tradicionales públicas y privadas por parte del Estado ciertamente debe ser distinto y acorde a las características que esas instituciones reúnen.
Sabido es que las presiones de los poderes fácticos, de la iglesia católica, la masonería y otros grupos de interés ha sido incontrarrestables en las últimas cinco décadas y a ello obedece ciertamente el actual esquema de financiamiento. No obstante, es tiempo de revisar y reformar la política pública vigente si efectivamente se desea mejorar la gestión y accionar de nuestras universidades estatales.
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