Columna publicada en el diario El Mercurio, 22 marzo 2009.
La aprobación del proyecto de Ley General de Educación, por una extensa mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, es resultado del amplio acuerdo forjado en su momento entre el Gobierno, los partidos de la Concertación y de la Alianza para reemplazar la LOCE y dotar de una nueva institucionalidad al sistema escolar.
Hay pocas iniciativas legales tan larga y vigorosamente discutidas como ésta. Su preparación involucró el trabajo de casi un centenar de personas representativas de organismos escolares y especialistas de variadas persuasiones reunidos en un Consejo Asesor Presidencial. A continuación, el Gobierno y la oposición formularon sus propios proyectos por separado, los cuales luego fueron revisados para arribar a un texto de acuerdo.
Este texto fue estudiado y discutido primero en las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego aprobado por ésta y sometido después a un nuevo y exhaustivo escrutinio en la comisión de Educación del Senado. En ambas cámaras se invitó a presentar sus puntos de vista a decenas de representantes de organizaciones del magisterio, los estudiantes, los padres y apoderados, sostenedores, universidades, investigadores educacionales y demás agentes de la comunidad escolar.
¿Se justifica tanta discusión y trabajo; todo el tiempo y la energía invertidos en la tramitación de este proyecto? Sin duda. El marco institucional que crea es muy superior al consagrado en la LOCE. Por lo pronto, los principios y fines enunciados en el proyecto responden a una concepción democrática y contemporánea de la educación. En seguida, conforme con la historia nacional, se consagra y fortalece un sistema mixto de provisión de enseñanza obligatoria, con la participación de distintos tipos de sostenedores. Se reconoce, por ende, la diversidad del sistema y el respeto debido a los diferentes proyectos educativos.
Se afirma con precisión que la autonomía de los establecimientos es fundamental para su efectividad y que ellos deben responder por los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Asimismo, se instituye el principio de no selección hasta el sexto grado de la enseñanza general básica y se introduce una serie de innovaciones de carácter pedagógico; por ejemplo, en lo relativo a la organización y duración de los ciclos formativos y en cuanto a la estructura y flexibilidad del currículo nacional. Cabe esperar que en los próximos días se apruebe también el único inciso pendiente, aquel que facilitaría la labor docente por parte de licenciados en distintas disciplinas, pero que no cuentan con el título de profesor de enseñanza media.
Lo más importante, con todo, es el diseño de una nueva institucionalidad para el sistema escolar con una clara división del trabajo entre sus partes: el Ministerio de Educación guiará el sistema; el Consejo Nacional de Educación actuará como autoridad curricular y aprobará los estándares de aprendizaje; una Agencia de Calidad se encargará de evaluar resultados e identificar falencias; una Superintendencia, ante la cual los sostenedores subvencionados deberán rendir cuenta del uso de recursos fiscales; y los sostenedores, que ahora deberán cumplir con mayores y más razonables exigencias para ofrecer educación obligatoria financiada por el Estado.
Esta nueva institucionalidad, una vez implementada en toda su extensión -lo que ocurrirá durante el próximo Gobierno-, será la mayor contribución del acuerdo educacional de 2007 y un motivo de esperanza para mejorar la equidad y calidad de nuestro sistema escolar.
Para mayor información vease trámites cumplidos por el proyeco LGE y recursos asociados.
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