José Joaquín Brunner
El Mercurio, 16 agosto 2009
En estos tiempos de campaña electoral hay una consigna que parece suscitar un acuerdo unánime: fortalecer la educación pública. Se trata, sin embargo, nada más que de un consenso aparente; aquel que generan los eslóganes, esas breves fórmulas utilizadas por la publicidad comercial o con fines de propaganda política.
En efecto, quienes proclaman la necesidad de fortalecer la educación pública aspiran en realidad a muy distintos, y a veces contradictorios, objetivos. Unos proponen devolver su provisión al nivel central, al Ministerio de Educación; otros, en cambio, prefieren una provisión descentralizada a nivel de los municipios, mientras algunos favorecen soluciones intermedias de nivel regional, provincial o intercomunal.
Algunos postulan el fortalecimiento de la educación pública por la vía de reservar para los colegios municipales una cuota de mercado; otros, por el contrario, intensificando la competencia. Hay quienes, para tal efecto, favorecen flexibilizar el estatuto docente, mientras otros rechazan tajantemente esta posibilidad. Unos quisieran ampliar y profundizar la evaluación del desempeño de los profesores; otros, eliminar tales prácticas por estimarlas contrarias al concepto de la función pública del profesor. Existen partidarios de financiar directamente a las escuelas públicas mediante un subsidio fiscal, solución objetada por quienes prefieren, en cambio, financiarlas mediante una subvención otorgada en relación con los alumnos que asisten.
En suma, todos declaran la importancia de fortalecer la educación pública, pero no existe acuerdo alguno sobre el significado del objetivo propuesto ni sobre cómo alcanzarlo.
Más al fondo aún, no hay concordancia sobre qué se debe entender por educación pública en un régimen de provisión mixta como el chileno. ¿Es pública únicamente aquella educación provista por los municipios? ¿O es más bien pública toda aquella educación subvencionada por el Estado, con independencia de quién sea su sostenedor o proveedor? ¿Debe la educación pública ser gratuita sin excepción o pueden los padres contribuir a su financiamiento?
El hecho, en cualquier caso, es que en Chile hay dos sectores de provisión educacional obligatoria y subsidiada por el Estado que tienen un peso similar en la matrícula escolar. Ambos se sujetan a unos mismos objetivos y contenidos curriculares, a un mismo régimen de estudios, a las mismas pruebas y evaluaciones, administran exámenes similares y otorgan los mismos certificados educacionales.
¿Cabe imaginar entonces que sólo uno de ellos ofrece educación pública? ¿Resulta razonable postular que sólo uno debería ser fortalecido, en desmedro del otro donde concurre un número igual de niños y jóvenes chilenos? ¿Cuánto más puede mantenerse la ficción de que lo público es un atributo del proveedor o sostenedor y no una función intrínseca de la educación obligatoria ofrecida? ¿Hasta cuándo se esgrimirá esta concepción dualista y puramente burocrática de la educación que, inevitablemente, conlleva el riesgo de separar a los estudiantes chilenos en dos estamentos o castas, como ya ocurre a nivel universitario, donde únicamente aquellos que se matriculan en cierto tipo de universidades (del Consejo de Rectores) tienen acceso a un crédito subsidiado, mientras los demás deben contratarlo en condiciones menos favorables?
En tanto no se responda con claridad a estas cuestiones de fondo, y no se llegue a acuerdo frente a ellas, la mera reiteración de eslóganes -como aquel de fortalecer la educación pública- no pasará de ser un débil eco en medio de la cacofonía electoral.
