Columna publicada en el diario La Tercera, 9 junio 2009.
Concluido el paro de profesores municipales, es hora de balances y de sacar lecciones. La paralización de los colegios -que duró 19 días a nivel nacional y un máximo de alrededor de 50 días en algunas comunas de la Región de Valparaíso- fue consecuencia, esta vez, del incumplimiento por parte de los municipios del pago oportuno de un bono adeudado a los maestros. Enseguida, de una falta de diligencia y adecuada supervisión del Ministerio de Educación el cual, habiendo transferido a los municipios los recursos para el pago del bono, sin embargo no censuró ni corrigió su aplicación para otros fines. Por último, de la prolongación del paro -sin motivo justificado ni ventajas adicionales- por parte del Colegio de Profesores, el cual ratificó que frente al derecho de los alumnos y sus familias otorga primacía, en cambio, a sus propios intereses corporativos.
Los principales perjudicados, en efecto, son los estudiantes, que ven afectada la continuidad de sus estudios y pierden además un número significativo de horas de clases. La oferta del magisterio de recuperar clases en horarios especiales y durante vacaciones es apenas un parche pedagógico, cuando no un justificativo para eludir sanciones y evitar que caigan los ingresos de la subvención por la menor asistencia. En ausencia de supervisión y control, es probable que estas clases recuperativas no vayan más allá de la mala conciencia docente y las buenas intenciones de algunos profesores.
En perspectiva amplia, el paro confirma la crisis de gestión del sector municipal de la educación. Es quizá la causa principal de la progresiva caída en la atracción de este sector y su consiguiente menor participación en la matrícula total. De hecho, durante el paro se incrementó la migración de alumnos desde este sector a los colegios privados subvencionados.
Entre sus varios antecedentes, tal crisis tiene una razón de fondo: el hecho de que el personal docente se halla sustraído a la conducción y evaluación de los directores de escuela, al mismo tiempo que los colegios dependen para los asuntos pedagógicos del Ministerio de Educación, que no tiene los recursos y capacidades para supervisarlos y apoyarlos, y para los asuntos administrativos de los municipios, que carecen de los medios para cumplir esta función. A su turno, estas contradicciones se agudizan por las rigideces e insuficiencias del estatuto docente, por un lado, y, por el otro, por la centralización de la negociación con los profesores a nivel nacional, que debilita aún más a las instancias comunales y convierte a la directiva del gremio en el único interlocutor del gobierno.
En conclusión, la principal lección del paro ha de ser la necesidad de abordar una completa reforma de las relaciones pedagógicas, técnicas, administrativas y laborales del personal docente municipal, incluyendo la revisión de su estatuto. Todo esto en el marco de una mayor autonomía de los colegios municipales, una expansión y reforzamiento de las facultades de sus directivos, un mayor gasto en remuneraciones e incentivos para los profesores, una descentralización de la negociación colectiva a nivel comunal y un mejoramiento de las capacidades humanas y técnicas de los municipios y corporaciones municipales para la gestión de sus escuelas.
Los candidatos a llegar a La Moneda deberían desde ya señalar cómo piensan abordar estos cambios. Si ellos no se implementan durante el próximo período presidencial, la educación municipal continuará deteriorándose.
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