Taller Académico Anillo SOC-01 Nº9

Una nueva sesión del taller académico del Programa Anillo SOC-01 de Investigación en Ciencias Sociales tuvo lugar el viernes 20 de agosto en la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. En esta ocasión, Javier González, Ingeniero Comercial y Magíster en Economía de la Universidad Católica, nos presentó los detalles de la investigación “ Aporte Fiscal Indirecto: Una Propuesta Modernizadora (407.89 kB)” la que realizó en cooperación con Lorena Flores, Jorge Rodríguez y Daniela Sugg. El estudio propone una reforma del AFI para convertirlo en un instrumento más efectivo y justo en términos de la competencia entre los diferentes tipos de instituciones de educación superior (universidades e institutos profesionales versus centros de formación técnica) y las características socioeconómicas de los estudiantes causantes de AFI.

El Aporte Fiscal Indirecto fue creado en 1981 con el objetivo de aumentar la competencia entre las instituciones de educación superior por captar a los mejores alumnos y así, promover la calidad de la educación. Sin embargo, hoy en día el AFI no genera un incentivo lo suficientemente poderoso, ya que ha perdido mucha importancia, y actualmente sólo representa el 11% del total de aporte fiscal para las instituciones. Además, el AFI tiene algunas características que no concuerdan con las políticas públicas para fomentar la calidad y la equidad en el sistema de educación superior.

Por lo tanto, para hacerlo más efectivo, los autores proponen que se debe aumentar el peso relativo del AFI a un 25% de los recursos fiscales para las instituciones ES y asegurar una cobertura de al menos un 20% de los matriculados del año anterior. Segundo, se debe someter al AFI a un rediseño que incluya los siguientes elementos:

1. Respecto a la distribución del AFI, cambiar el puntaje de la PSU por un predictor más adecuado del rendimiento académico futuro de los estudiantes. González propone usar un algoritmo que en el caso de los estudiantes que se matriculan en universidades o institutos profesionales pondere en 40% el puntaje promedio de la PSU, en 30% el promedio de notas de enseñanza media y en 30% el ranking de egreso de enseñanza media dentro de cada establecimiento.
2. Para aquellos que se matriculen en centros de formación técnica, se propone establecer un AFI aparte. La distribución de este AFI se calcula sólo en base del promedio de notas de enseñanza media (50%) y el ranking de egreso de enseñanza media dentro de cada establecimiento (50%) dado que la EMTP no prepara a los alumnos para rendir la PSU.
3. En vez de entregar el AFI por estudiante en una sola cuota para el primer año de matricula, establecer un esquema de pagos en diferentes cuotas a lo largo de la trayectoria del estudiante. La última cuota se entrega cuando haya una finalización oportuna de los estudios. De este modo se incentiva a las instituciones a tomar medidas para aumentar la retención y titulación oportuna de sus alumnos.
4. Cambiar el sistema de tramos por puntaje de la PSU por un ajuste del monto de AFI  según el capital socioeconómico del estudiante. Se sugiere establecer tres tramos de ingreso en el cual los alumnos de menor nivel socioeconómico tienen una ponderación de 6, los de nivel medio una ponderación de 3 y los de nivel alto una ponderación de 1. Este nuevo esquema de pago corrige el sesgo negativo que actualmente existe contra los alumnos de menor nivel socioeconómico.
5. Vincular el AFI a la acreditación para garantizar la calidad educativa de las instituciones ES que son beneficiadas por el AFI.

González sostiene que con estas modificaciones se aumentaría considerablemente la efectividad del AFI como instrumento para fomentar la calidad en el sistema de educación superior.

En la ronda de discusión que sigue a la presentación, los académicos presentes en el taller muestran su aprobación de estas propuestas de reforma para el AFI. No obstante, se cuestiona si el AFI es realmente el instrumento adecuado para mejorar la calidad y la retención en la educación superior. Se sugiere que en vez de concentrarnos en el mejoramiento del AFI, nos dediquemos a la pregunta si queremos mantenerlo como incentivo e instrumento de financiamiento para las instituciones ES, porque existen múltiples otros instrumentos en el mundo que posiblemente son más eficientes. En este sentido sería bueno analizar primero el efecto real del AFI antes de hablar de una reforma de este mismo.

Taller Académico Anillo SOC-01 Nº8

El Jueves 15 de Julio se realizó un nuevo taller académico en el marco del Programa Anillo en Ciencias Sociales (SOC-01). Esta vez contamos con la presencia de Luis Huerta, académico de la Facultad de Ingeniería y ex vicerrector académico de la Universidad de Talca, quién nos presentó su estudio “La actividad de investigación en las universidades chilenas”. En el estudio se comparan la actividad y la producción en investigación de las diferentes universidades del CRUCH, principalmente entre las universidades tradicionales – la Universidad de Chile y la Universidad Católica – y las universidades “emergentes” en investigación, es decir, las universidades como la U. de Talca que hasta ahora han tenido un rendimiento relativamente bajo en I&D pero que aspiran convertirse en una universidad de investigación. Para analizar la actividad y producción en investigación de las universidades, Huerta compara el tiempo y los recursos que se dedica a I&D, así como la cantidad de publicaciones ISI.

Lo que salta a la vista es que hay grandes diferencias entre las universidades respecto al tiempo que dedican sus académicos a la investigación. Mientras que en la U. de Chile los académicos pueden dividir su tiempo a favor de la investigación, los académicos de universidades emergentes deben dedicar más de dos tercios de su tiempo a docencia. En estas universidades se considera la investigación como una más de las tareas de los académicos, o sea, no tiene prioridad, ya que su principal fuente de recursos es la docencia de programas de pregrado. Así se explica que las universidades tradicionales tienen una participación mucho mayor en las publicaciones ISI. Cuando se divide las publicaciones por el número de académicos JCE – lo que da una impresión más fiable de la productividad en investigación ya que las universidades difieren en tamaño – se observa que la participación sigue siendo desigual (aunque con diferencias menos grandes). Además, aunque el “top 3” sigue inalterado (U. de Chile, PUC y U. de Concepción), cambia el orden en que las universidades emergentes participan en las publicaciones ISI, con la U. Santa María y la U. de Talca en el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Luis Huerta indica que existen varios prejuicios respecto a la productividad en investigación y el número de empleados no-académicos en las universidades, los cuales el estudio ayuda desmentir. La Universidad de Chile tiene, en comparación con otras universidades CRUCH, una proporción muy alta de personal no-académico por estudiantes de pregrado y lidera en el índice de publicaciones ISI por académico JCE. O sea, en vez de esconder un exceso de dedicación a la gestión (lo que presume el prejuicio), parece que la elevada proporción de empleados no-académicos promueve la productividad en investigación. Esto se podría explicar porque en universidades con una alta proporción de personal no-académico, que se ocupa de temas administrativos, los académicos tienen más tiempo para realizar investigaciones.

El estudio nos permite plantear algunas hipótesis, por ejemplo, que la productividad en investigación de una universidad se relaciona con el tiempo que se dedica a I&D en proporción con el conjunto de dimensiones del quehacer de la institución. Asimismo, se puede plantear que hay una relación entre el tamaño de la universidad, particularmente el número de académicos JCE y el número de estudiantes de pregrado y en total, y la cantidad de publicaciones ISI, aunque entre las universidades de menor producción científica esta relación pierde en significancia.

Finalmente, con respecto a la Universidad de Talca, Luis Huerta indica que para cumplir con su meta en I&D y alcanzar la misma productividad en publicaciones ISI que las universidades tradicionales, la Universidad tendría que cambiar la división del tiempo de los académicos a favor de la investigación. Para hacer posible esta mayor dedicación a actividades de I&D, la U. de Talca tendría que contratar a más académicos JCE adicionales para compensar la rebaja en docencia, lo que implicaría una gran inversión en recursos humanos.

Taller Académico Anillo SOC-01 Nº7

Este viernes 28 de mayo se realizó en la Universidad Diego Portales el segundo taller académico del Programa Anillo SOC-01 de Investigación en Ciencias Sociales, en el cual se contó con la presencia de Felipe Lozano, MBA en Finanzas en la National Taiwan University (NTU) y analista de investigación de Lumni Chile. Lumni es una empresa que busca ampliar el acceso a la educación superior a través de la recaudación y administración de Fondos de Inversión en Capital Humano. Estos fondos se destinan a jóvenes talentosos y con dificultad de financiamiento, para que puedan acceder a (o continuar con) estudios de educación superior. En el taller, organizado por el CPCE, Felipe Lozano presenta “ Alternativas para Financiar la Educación Superior: Contratos de Capital Humano en Chile (2.67 MB)”, una investigación sobre la viabilidad de los Contratos de Capital Humano (CCH) en el mercado chileno del financiamiento de la educación superior. La presentación está basada en un estudio similar realizado por Lozano en Colombia en el marco de su investigación de magíster.

Según plantea Lozano, en Chile, al igual que en otros países en vías de desarrollo, se pierde capital humano porque individuos que disponen de las capacidades académicas pero no de los medios económicos, terminan prematuramente sus estudios sin aprovechar su potencial. Esto no sólo significa una pérdida para los individuos que renuncian a importantes oportunidades profesionales, sino también para las sociedades, que  desaprovechan la posibilidad de aumentar su productividad y bienestar derivados de la inversión en educación. Los gobiernos de estos países carecen de los recursos suficientes para cumplir con la demanda de la educación superior (en becas, créditos estudiantiles, etc.), por lo que se vuelve necesario recurrir al sector privado para conseguir el financiamiento necesario y dar a cada individuo la posibilidad de estudiar en la educación superior. En respuesta a estos desafíos, se han creado diferentes alternativas de inversión y financiamiento a largo plazo, particularmente en la forma de Contratos de Capital Humano (CCH). Los CCH se caracterizan por usar los futuros ingresos del estudiante como garantía y fuente de recursos para cubrir la inversión realizada. Así, por medio de los CCH se transfieren fondos de inversionistas privados a estudiantes de escasos recursos, quienes a cambio, pagan con un porcentaje fijo de sus futuros ingresos por un periodo de tiempo determinado.

Los CCH se basan en el ideario de Friedman (1955) quien propuso como principio de equidad invertir en estudiantes talentosos (capital humano) y así incrementar su potencial de generar ingresos. Sin embargo, en la idea original de Friedman la relación era entre un inversionista y un individuo, mientras que en la nueva versión de los CCH la relación puede ser entre un grupo de inversionistas y un gran grupo de estudiantes. Esto implica un menor riesgo para el inversionista por lo que puede ofrecer los créditos en base de mejores condiciones (menos intereses) para los estudiantes. Los CCH tienen varias ventajas en comparación con otras formas de financiamiento particular, por ejemplo, los créditos bancarios. Algunas de estas ventajas son: los CCH no requieren de aval ya que los ingresos futuros del estudiante sirven como garantía; los estudiantes corren menos riesgo porque se traspasa el riesgo de desempleo y otras situaciones que impiden la devolución del dinero al inversionista; y por último, los estudiantes reciben “coaching” en su carrera académica y profesional. Además, cuando la inversión es suficientemente rentable y no existen mayores riesgos, es decir, cuando hay una alta probabilidad que el estudiante termine sus estudios a tiempo y  encuentre rápidamente un empleo bien remunerado, el porcentaje de los ingresos que el estudiante tiene que pagar en intereses no supera el 10%.

Tal como muestra Lozano en su presentación, en Chile hay varias carreras adecuadas para ser financiadas por medio de Contratos de Capital Humano, por ejemplo Ingeniería Civil, Geología, Medicina y Derecho. Los individuos que obtienen un título en una de estas disciplinas, generalmente generan tantos ingresos que pueden cumplir sin problemas con la devolución de los fondos dentro del plazo de cinco años. Sin embargo, en el caso de los estudiantes que realizan una formación en Enfermería, Teatro, o Educación Básica (disciplinas con mayor tasa de desempleo y sueldos más bajos según estudios como Futuro Laboral), los CCH no siempre son la mejor opción, dado que el mayor grado de riesgo de la inversión hace que los intereses sean más altos y consuman una proporción demasiado grande de los ingresos de los graduados.

No obstante esta limitación, Lozano concluye que los CCH son un importante instrumento para aumentar el acceso y mejorar las tasas de retención en la educación superior en Chile, ya que una parte importante de los estudiantes que actualmente no entran en la universidad o desertan lo hace por razones económicas.

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Taller Académico Anillo SOC-01 Nº6

Este viernes 16 de abril tuvo lugar en la Universidad Diego Portales, el primer taller académico Anillo SOC-01 de Investigación en Ciencias Sociales del nuevo año académico. Francisco Ganga Contreras, Doctor en Administración de Empresas y, desde el año 2008 Consejero Superior de la Universidad de los Lagos, presentó su investigación “El gobierno de las universidades en Chile: percepciones de agente y principal”. El estudio se fundamenta en la Teoría de la Agencia (Ross, 1973) que plantea que en una organización pueden surgir conflictos de interés cuando el principal encarga a otra persona o entidad, el agente, representar los intereses y ocuparse de la administración de la empresa o institución. La teoría de agencia parte del supuesto de que cada uno de los sujetos de una relación contractual tiene sus propios intereses y ambos intentan maximizar la utilidad. El agente actuará según sus propios intereses, lo que provoca costos de agencia ya que afecta la eficiencia de la gestión. Este fenómeno se conoce como el riesgo moral.

Para investigar la aplicabilidad de la teoría de agencia en el sector universitario, Ganga realizó una encuesta a rectores (los agentes) y a miembros de los MCC- máximos cuerpos colegiados- (los principales) de las universidades chilenas, con el fin de indagar sobre su percepción de la divergencia de intereses y otros temas relevantes como el manejo de información, el desempeño de los mecanismos de control y la competencia en el mercado de directivos. Destaca que la recolección de datos fue un proceso complicado dado que un porcentaje relativamente alto de los rectores y MCC rechazó la encuesta argumentando que la información pedida era de carácter estratégico o confidencial. La tasa de respuesta fue particularmente baja entre las universidades privadas (36%), por lo que estos datos son menos representativos como observaron varios de los investigadores en la ronda de discusión que siguió al taller. Ganga soluciona el problema de la representatividad refiriéndose a las percepciones y opiniones de los encuestados en vez de plantear los resultados como datos duros.

Los resultados del estudio son bastante interesantes y ofrecen una imagen general del gobierno de las universidades. Así nos muestran que la mayoría de los directivos tiene entre 45 y 60 años y que en el caso de los MCC (el principal) un 50% cuenta con grado de magíster y un 30% con grado de doctor. Agregando los resultados de los principales, salta a la vista que las universidades tradicionales concentran una mayor cantidad de doctorados que las universidades privadas, en la cuales predomina el grado de magíster.

En cuanto al núcleo de la investigación, que es la aplicabilidad de la teoría de agencia a la dirección de las universidades, cabe destacar que la esperada divergencia de intereses entre principal y agente no se da según lo declarado por los rectores y los MCC. Esto implica que hay un cierto grado de coincidencia entre los dos actores respecto a la relevancia que le asignan a los principales aspectos de gestión de las universidades. En cambio, sí se observan asimetrías de información, dado que los rectores muestran un nivel de conocimiento relativamente alto respecto a su institución mientras que la información que manejan los MCC es  muchas veces insatisfactoria. Finalmente, Ganga destaca la evaluación negativa que reciben los organismos públicos que deben ejercer control en las universidades (Ministerio de Educación, Controlaría General de la República, Servicio Nacional del Consumidor e Inspección del Trabajo), los que, en general, son considerados ineficientes. Respecto a esto, se observa que las universidades tradicionales son las más críticas dado que entre las universidades privadas estos mecanismos de control consiguen un 65% de aprobación.

Al concluir la presentación, los académicos presentes en el taller comparten sus ideas sobre el tema y hacen algunas nutritivas sugerencias para sacarle mejor provecho a la investigación.

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